PROPUESTAS #T ELECCIONES ICAM

La gestión ordinaria de los Colegios, las mejoras de instalaciones, formación, servicios tecnológicos, etc, es habitualmente tomado en consideración y desarrollo en los programas electorales de las candidaturas. Son las cosas del día a día. De la gestión ordinaria de los Colegios.

Sin embargo, en estos programas, se suelen olvidar, de detallar, las líneas de política general a desarrollar y perseguir desde los Colegios, para la mejora de las condiciones del ejercicio profesional.

¿Cómo van a orientar las Juntas la defensa de la profesión frente a los poderes legislativos y el Gobierno?

Si bien esta cuestión parece exceder las competencias del Colegio y ser algo más propio del Consejo General del la Abogacía, evidentemente, se compone de los Colegios, por lo que su línea política de participación en dicho organismo no debe dejarse a la improvisación del momento y debiera ser conocida previamente por los colegiados electores.

Por ello, desde Brigada Tuitera, aprovechando las elecciones al Decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el más grande de España, por número de colegiados, y con la intención de que sea extrapolado a otros Colegios con las variaciones que procedan, lanzamos a las candidaturas de Madrid esta Propuesta de Programa, con la intención de abrir el debate en relación a todas estas cuestiones de política general, para que se posicionen públicamente sobre ellas y para que si lo desean, incluso las asuman como propias.


PROPUESTA PROGRAMA #T

Todas las medidas de política general a nivel nacional o autonómico, serán objeto de reivindicación permanente, constante, persistente y contundente, ante todas las instituciones pertinentes, medios de comunicación y opinión pública, utilizando los recursos del Colegio, para lo cual se desarrollará un aumento de las relaciones, contactos y colaboraciones con las fuerzas políticas, los medios de comunicación y la ciudadanía.

Las medidas son las siguientes:

1) Medidas de política general a nivel nacional.

Tendentes a la obtención de su implementación a nivel nacional, y a nivel autonómico en las materias o aspectos que proceda.

Objetivos a conseguir:

Eliminación de las Tasas Judiciales, al menos a las PYMES y ONGs.

Elección de la mitad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por los jueces y exigencia real de que el Gobierno deje de inmiscuirse en las designaciones de cargos judiciales.

Creación de una plataforma de comunicación telemática, segura, sencilla y eficaz; y un expediente electrónico gestionado con sistemas procesales interoperables; residenciando el control en el CGPJ.

Elevación progresiva del presupuesto nacional de Justicia hasta lograr una Justicia que dé respuesta a la ciudadanía en tiempos razonables, lo que requiere de la creación de nuevos juzgados para contar con la ratio de juez por habitante media de los países de la Unión Europea (actualmente estamos en la mitad).

Consolidar la actual planta judicial, de modo que cualquier alteración sea siempre para aumentar el número de sedes judiciales y acercar más la justicia a la ciudadanía.

Eliminación, por el grave perjuicio que supone para los consumidores, de los Juzgados Provinciales de Cláusulas Abusivas y dotación de medios personales y técnicos excepcionales y urgentes para dar salida a los procedimientos actualmente atrapados en ellos.

– Garantizar el actual sistema de justicia gratuita, mejorando las retribuciones del turno de oficio y estableciendo su liquidación mensual puntual.

Desarrollo de modificaciones legales tendentes al establecimiento de medidas efectivas de dignificación de la profesión y conciliación de la vida personal y familiar.

2) Medidas de política general a nivel autonómico

Tendentes a su implementación a nivel autonómico.

Objetivos a conseguir:

Mejora de las retribuciones del turno de oficio y obligación de su liquidación mensual.

Mejora de los medios económicos con que cuentan los juzgados y mejora de las instalaciones judiciales, a través de un plan autonómico completo y sostenido en el tiempo.

Prioridad jurídica a menores y víctimas de violencia de género: Aumento del personal encargado de la realización de Informes Psicosociales, de modo que ningún informe tarde más de 2 meses en realizarse cuando la cuestión afecte a menores. Mayor dotación de medios y recursos en materia de violencia de género.

Aumento de los medios y personal destinados a la concesión de la Justicia Gratuita, de modo que desde la solicitud por el ciudadano, no se tarde más de un mes en otorgarse o denegarse la solicitud.

3) Medidas en la relación ICAM-Abogacía.

Exigencia de un aumento de la transparencia por parte de Abogacía: si bien, excepcionalmente, determinadas cuestiones pueden estar sujetas a confidencialidad, no es admisible que no se informe de forma permanente, clara y accesible de las cuestiones que se someten al Pleno o se tratan en las Comisiones, de los consejeros que asisten y de los acuerdos adoptados; los ingresos y gastos deben facilitarse con mayor claridad, sencillez y accesibilidad, estando disponible la información en detalle y bien estructurada en la web, al margen de inserta en una memoria de actividades y económica; los nombramientos y designaciones, así como las cuestiones a someter al Pleno, cuando resulte posible, deben hacerse públicos, así como los candidatos a desempeñar cargos, de forma que el colectivo de abogados pueda pronunciarse por medios tradicionales y en redes sociales sobre todo ello y dar su opinión y preferencias al respecto.

El Colegio procurará hacer públicas sus preferencias a la hora de tomar decisiones en el Pleno de Abogacía y para apoyar a candidatos a cargos. No se trata solo de informar de los resultados, sino de que los colegiados puedan hacer llegar su opinión a la Junta, previamente, a la toma de la decisión.

 – Las medidas de política nacional y autonómica, anteriormente expuestas, serán objeto de defensa, extensión e implementación a través del CGAE, constituyendo una de las líneas políticas claves del Colegio.

4) Medidas en la relación a la gestión del Colegio

Aumento de la transparencia por parte del Colegio: si bien, excepcionalmente, determinadas cuestiones pueden estar sujetas a confidencialidad, no es admisible que no se informe de forma permanente, clara y accesible de las cuestiones que se someten a la Junta, de los consejeros que asisten y de los acuerdos adoptados; los ingresos y gastos deben facilitarse con mayor claridad, sencillez y accesibilidad, estando disponible la información en detalle y bien estructurada en la web, al margen de inserta en una memoria de actividades y económica; los nombramientos y designaciones, así como las cuestiones a someter a la Junta cuando resulte posible, deben hacerse públicos, así como los candidatos a desempeñar cargos, de forma que el colectivo de abogados pueda pronunciarse por medios tradicionales y en redes sociales sobre todo ello y dar su opinión y preferencias al respecto.

El Colegio procurará hacer públicas sus preferencias a la hora de tomar decisiones en la Junta y para apoyar a candidatos a cargos. No se trata solo de informar de los resultados, sino de que los colegiados puedan hacer llegar su opinión a la Junta, previamente, a la toma de la decisión.

Las medidas de política nacional y autonómica, anteriormente expuestas, así como de relación con Abogacía, serán objeto de reivindicación, defensa y extensión para lograr su implementación efectiva a través de los medios del Colegio, constituyendo una de sus líneas políticas claves.


Si te parecen interesantes estas medidas, compártelas para su difusión y no dudes en preguntar a los candidatos al Decanato del ICAM o de cualquier otro Colegio sobre ellas.

Para ello, se recomienda en empleo del hashtag:

#PropuestasT

PREGUNTA

 

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