LA BRIGADA TUITERA DENUNCIA LA FALTA DE INDEPENDENCIA DE ESPAÑA ANTE LA RELATORA DE LA ONU.

EL MOVIMIENTO #T DIRIGE UNA EXTENSA CARTA INFORMANDO DE LA GRAVE SITUACIÓN QUE ATRAVIESA LA JUSTICIA EN MATERIA DE INDEPENDENCIA JUDICIAL, INSTANDO A LA RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE INDEPENDENCIA DE LOS JUECES Y ABOGADOS A INTERVENIR Y REALIZAR UNA VISITA PARA VERIFICAR “IN SITU” EL PROBLEMA.

Animados por la Asociación RIGHTS INTERNACIONAL SPAIN (RIS)[i], quienes ya han dirigido otras comunicaciones a la Relatora, se ha enviado a la misma una extensa carta, en realidad, un detallado Informe, en el que, se analiza la totalidad de los ataques a la Independencia Judicial cometidos desde el Gobierno en la última legislatura.

La denuncia ha sido remitida a Sra. Mónica Pinto, de nacionalidad Argentina, que es la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, dependiente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La carta, ha sido redactada por activistas voluntarios de La Brigada, empleando formas de redacción colaborativas. De forma muy especial, han participado en su redacción los integrantes de Sintoga (@derechosintoga), con la coordinación y colaboración de Ángel López (@Alopez_Letrado).

La noticia ha sido recogido por CONFILEGAL pudiendo accederse a través de este ENLACE.

Nota: Fotografía, licencia CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

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El TEXTO INTEGRO DE LA CARTA puede consultarse en EN PDF y también directamente a continuación.

******** TEXTO INTEGRO DE LA CARTA:********

Lg

A LA ATENCIÓN DE LA RELATORÍA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS SOBRE INDEPENDENCIA DE LOS JUECES Y ABOGADOS

Estimada Sra. Mónica Pinto:

Animados y en colaboración con RIGHTS INTERNACIONAL SPAIN (RIS)[i], quienes ya le han dirigido otras comunicaciones, solicitando su intervención ante los graves ataques que está sufriendo la Independencia Judicial en España[ii], en concreto con fecha de 26 de noviembre de 2014[iii] y de 28 de julio de 2015[iv], y cuyo contenido suscribimos, queremos insistirle en las mismas y exponerle otras que agravan la situación.

La Brigada Tuitera, el Movimiento #T

Permítanos en primer lugar explicarle, muy someramente, que Brigada Tuitera[v] es un colectivo de activistas[vi], conformado en su mayoría por abogados y juristas, pero también por ciudadanos, que ante la desoladora situación que atraviesa la Justicia en España, se han unido en un movimiento social reivindicativo, al margen de más ideología que la búsqueda de una Justicia de calidad. Tres son sus objetivos claves, condensados en el “Manifiesto[vii] por la Justicia #T”, y que estamos seguros que compartirá: #JusticiaAccesible, #JusticiaConMedios y #JusticiaIndependiente, en definitiva, #Justicia.[viii]

El Movimiento que emplea técnicas de funcionamiento en enjambre y sin jerarquía, es muy activo en redes sociales, pero también fuera de ellas, habiendo logrando amplia repercusión mediática. Algunos medios hablan de más de 10.000 activistas y consideran a Brigada Tuitera un grupo de presión influyente y relevante, responsable, junto con otros colectivos, de la eliminación de las infames tasas judiciales para las personas físicas.

El colectivo #T es promotor de que hasta nueve Parlamentos Autonómicos hayan instado al Gobierno de España a eliminar las tasas judiciales a pequeñas, medianas empresas y asociaciones sin ánimo de lucro, y es responsable de cuatro Proposiciones de Ley[ix] en el Congreso presentadas por los principales grupos políticos de la oposición con idéntica finalidad.

El Movimiento que aglutina a juristas y ciudadanos en una agrupación reivindicativa de miles de personas que lucen una #T sus avatares de redes sociales, logró en campaña electoral que los candidatos a la Presidencia del Gobierno de los principales partidos de la oposición se comprometieran a derogar las Tasas Judiciales para las PYMES y ONGs, y con ello, que tras las elecciones, el pasado el 19 de abril de este año, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobara por unanimidad[x] la toma en consideración de la derogación de dichas tasas judiciales[xi], dando con ello un paso de gigante tras años de reivindicaciones. Si bien, la disolución del Parlamento ante su incapacidad para designar un Gobierno, supone el fin, al menos por el momento, de la tramitación del Proyecto de Ley.

Los activistas de #T mueven las redes sociales a diario, habiendo generando innumerables Trending Topic para denunciar con ellos la situación de la Justicia en España y organizan o colaboran activamente en todo tipo de congresos y actos jurídicos para alertar sobre la dramática situación en que se encuentra. La actividad del Movimiento se ha desarrollado también en instancias europeas, vía preguntas a la Comisión Europea[xii], y recientemente, el colectivo ha intervenido en un Congreso[xiii] en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, abordando la problemática de Lexnet a la que nos referiremos.

Ataques a la Independencia Judicial en la última legislatura.

Entrando ya en materia y centrándonos en esta última legislatura, procedemos a reseñarle los ataques a la Independencia Judicial más relevantes y obvios, destacándole, que si bien, pudieran constituir cuestiones aisladas, en realidad, todo parece formar parte de un plan elaborado y sistemáticamente implementado tendente a someter al Poder Judicial.

La reforma del Consejo General del Poder Judicial

Así, tal y como le comunicaba RIS en su carta de fecha de 26 de noviembre de 2014, la primera actuación fue la reforma del Consejo General del Poder Judicial (de ahora en adelante, el CGPJ), vía Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio[xiv], a la que se opusieron todas las asociaciones judiciales, que presentaron informes desfavorables[xv]. La reforma, en contra de la promesa electoral del partido del Gobierno que apostaba por volver al sistema de la década de los 80 y dejar que fueran los jueces quienes eligieran directamente a 12 de sus 20 miembros,mantiene el nombramiento de todos los vocales por el Parlamento, 10 por el Congreso y 10 por el Senado, con la mayoría de 3/5 impuesta por la Constitución. La diferencia fundamental estriba, en que antes de la reforma el Consejo se renovaba en bloque lo que forzaba a los grupos a llegar a un acuerdo, pero ahora, si un partido tiene mayoría de 3/5 en una Cámara (lo tenía el del Gobierno en el Senado, en la pasada legislatura), puede renovar el CGPJ sin necesidad de llegar a un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas de la otra Cámara, por lo que los partidos de la oposición carecen de cualquier posibilidad de negociación real y efectiva, ante el riesgo de que el Gobierno haga uso del nuevo poder que se ha otorgado. Recordamos, que el CGPJ es el órgano que debe velar por la independencia judicial y el que gestiona aspectos tan sensibles para la misma como el régimen disciplinario, los traslados y ascensos profesionales.

Falta de recursos económicos y humanos

Ya en esta carta se venía haciendo mención a la falta de recursos suficientes en los órganos judiciales para realizar su trabajo, viniéndose reduciendo el presupuesto para justicia en 2013 un 4,21% y en 2014 un 2,31%[xvi], lo que puede no parecer mucho, pero lo es, si tenemos en cuenta que se parte de un presupuesto históricamente insuficiente[xvii]. Ello, unido a que el escenario de crisis económica ha aumentado la necesidad y demanda de Justicia. A lo económico se unió lo humano, eliminándose unos 1500 jueces sustitutos y otros 500 fiscales de los Juzgados. Esto supone una reducción aproximada del 20% de la plantilla de jueces, que dictaban un 30% de las sentencias judiciales. Ahora el trabajo de estos jueces se ha repartido entre la plantilla ordinaria de jueces, aumentando la saturación de los juzgados.

Desde la XXV reunión nacional de jueces decanos de España celebrada en Vigo del 26 al 28 de octubre de 2015, se hizo hincapié que sin medios tanto humanos como materiales, no hay justicia de calidad, y las recientes reformas van a tener una eficacia muy limitada, sin que vayan a agilizar el trabajo de los juzgados. Tanto los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil, como de la Jurisdicción Social donde se están señalando juicios para 2020[xviii], están totalmente desbordados ya que ni se han creado juzgados ni aumentado el número de jueces en los últimos años, aunque el número de asuntos se ha incrementado ostensiblemente. Esta situación también se da en el resto de Órdenes Jurisdiccionales. Esta falta de medios afecta de manera directa a la independencia judicial y a la investigación de delitos, más notablemente en los casos de corrupción donde es necesario un gran esfuerzo por parte de los juzgados.[xix]

En esta lamentable situación de colapso y falta de medios para atender los asuntos ordinarios, difícilmente nuestros órganos judiciales pueden actuarcon la debida independencia para investigar los centenares de casos abiertos por corrupción[xx]. La independencia judicial, también se golpea, cuando desde el poder político no se asignan los medios necesarios, sometiendo a los jueces a cargas de trabajo inasumibles, que les impiden investigar con libertad. Creemos que el Ejecutivo, acuciado por la corrupción es muy consciente de ello y está usando esta falta de recursos con dicha finalidad expresa.

Nombramientos, reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

Por otro lado, ciertamente y tal como se exponía en la carta de fecha de 28 de julio de 2015, a lo anterior se suman tres hechos especialmente atentatorios contra la Independencia Judicial:

  • En primer lugar el nombramiento del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (de lo Contencioso-administrativo), cuestión íntimamente vinculada con la referida reforma del CGPJ, órgano encargado del nombramiento de jueces, y que algunos sectores afirman que no se ha realizado basado en criterios objetivos ni en la integridad ni capacidad profesional.[xxi]
  • En segundo lugar, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha permitido que el presidente del CGPJ pueda realizar propuestas vinculantes al órgano de gobierno de la judicatura que debilitan el carácter colegiado de la institución y sus funciones como garante de la independencia judicial[xxii]. Además, la reforma vulnera la garantía del juez predeterminado por la ley, a través de las facultades que se otorgan para modificar el reparto de asuntos y distribuir las cargas.
  • Por último, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija un plazo límite para la instrucción penal[xxiii] sin estar acompañada de la aportación de medios necesarios para que las investigaciones puedan llevarse a cabo en los cortos plazos establecidos. La reforma deja en manos del Ministerio Fiscal la posibilidad de prorrogar dichos plazos, lo que ha sido muy criticado, dado que una de las notas esenciales que caracterizan a la Fiscalía es la dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado, que es nombrado por el Gobierno. Organizaciones de la sociedad civil, incluidas asociaciones de jueces y fiscales, así como profesionales del derecho han criticado fuertemente esta medida, argumentando que limitar los plazos de instrucción, por sí solo, sin la asignación de recursos presupuestarios suficientes y adecuados, impedirá cumplir con el objetivo y podría suponer un riesgo cierto de impunidad, habiéndose calificado por las asociaciones de jueces y fiscales de “Ley de Impunidad a la Corrupción”. Esta reforma, que entre otras medidas limita los plazos de la instrucción judicial, entró en vigor el 6 de diciembre de 2015 y tendrá sus primeros efectos el próximo 5 de junio de 2016[xxiv]. De hecho, en un reciente comunicado, el Consejo Fiscal ha concluido que, con los medios actuales, los términos del artículo 324 LECRim resultan de difícil o imposible cumplimiento y ha solicitado se adopten las medidas adecuadas para corregir la situación.[xxv]

La situación es tan grave, que se está produciendo el hecho histórico, de que por primera vez, las Asociaciones de Jueces y Fiscales, aún siendo de distintos signos[xxvi], están denunciando en comunicados todas estas cuestiones, en ocasiones, hasta de forma conjunta.

Injerencias del Gobierno en el CGPJ

A todo esto, que como decimos, no son hechos aislados sino que forman parte de un plan elaborado, se suma un agravamiento de la injerencia en el CGPJ del partido mayoritario del Gobierno por la vía de haberse dotado de más funciones a su Presidente[xxvii]. La falta de Independencia Judicial ha comenzado a agravarse desde dentro del propio CGPJ a través del funcionamiento de la propia Institución que ha pasado de ser un Órgano Colegiado a uno Presidencialista. Se han ido tomando medidas para la acumulación en su Presidencia de más peso, de modo que, al final, los que disponen sobre los jueces, sean, fundamentalmente, la sección mayoritaria elegida por el partido del Gobierno, esto es, el Presidente del Consejo y los Vocales de corte más conservador y cercanos al Presidente. Ya se habla abiertamente, dentro del CGPJ, de vocales de dos categorías, los que forman parte de la Comisión Permanente y el resto, que no tienen más función que la de asistencia al pleno.

En este sentido, creemos que son muy ilustrativas, las palabras de Dª Margarita Robles, antigua Vocal del CGPJ desde septiembre de 2008 a diciembre de 2013 y Magistrada del Tribunal Supremo en el momento de realizarlas[xxviii], que en una entrevista en el periódico La Razón[xxix], afirma que “el Consejo (CGPJ) actual, con la reforma que se hizo, ha ido claramente en detrimento de la institución, ha modificado un órgano que la propia Constitución quería que fuese colegiado, y le ha dado un carácter eminentemente presidencialista, donde los poderes del actual presidente, Carlos Lesmes, nunca fueron tenidos por ningún otro presidente.” También hace referencia a que “se han creado vocales de dos categorías, los de primera, que son los que forman parte de la Comisión Permanente, y los de segunda, los que forman parte de ellas y a los que se les deja muy reducidas las competencias; a los que se les sustrae la posibilidad de realizar cualquier otro tipo de actuaciones que no sea la mera asistencia al pleno. Como consecuencia de todo ello, hay un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la reforma del CGPJ, que espero que se resuelva pronto, porque el régimen actual de dos categorías de vocales, junto con esa imagen absolutamente presidencialista del Consejo, no ayuda en nada a la institución.”

Por último, respecto al sistema de elección de vocales, expresa que, la experiencia de los 35 años de existencia del Consejo, unida a los cinco años en que fue vocal del Consejo, han puesto de relieve que esa elección parlamentaria es una de las razones por las que se crea esa apariencia de politización. Y que, desde ese conocimiento y también del que se extrae de resoluciones de organismos europeos, ha llegado a la conclusión, y también la práctica totalidad de asociaciones judiciales, de que en estos momentos sería mucho más conveniente que los 12 vocales de procedencia judicial fuesen elegidos directamente por los jueces y magistrados.

Informe del Consejo de Europa: la configuración del CGPJ amenaza la independencia judicial

El pasado 26 de marzo se conocía el Informe[xxx] elaborado conjuntamente por las Oficinas de los Consejos Consultivos de jueces y de fiscales europeos a petición del Secretario General del Consejo de Europa. En dicho Informe consta que la configuración del CGPJ, compuesta por jueces y juristas elegidos por las autoridades políticas, presenta “una amenaza potencial para la independencia judicial y que “Con este vínculo tan obviamente político, el Consejo General del Poder Judicial no puede garantizar la división de poderes del Estado. Más bien al contrario, su propia configuración [el hecho de que esté compuesto por los jueces y abogados plenamente elegidos por las autoridades políticas] presenta una amenaza potencial para la independencia judicial”. En relación a la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio, añade que supone “una nueva forma en la que el Presidente del Consejo General del Poder Judicial podría hacer propuestas obligatorias al Consejo, lo que debilita su naturaleza y funciones como garante de la independencia judicial[xxxi].

Lexnet

Por último, la implantación obligatoria y apresurada de Lexnet[xxxii], un sistema que impone el envío de escritos judiciales y la recepción de resoluciones por vía telemática y que ha ocasionado el caos en los juzgados y fiscalías. Esta medida se ha adoptado justamente tras haberse introducido el límite para las instrucciones penales, a cuyas peligrosas consecuencias en pro de la impunidad ya nos hemos referido.

Desde el 1 de enero de 2016, Lexnet se convirtió en una herramienta obligatoria para la práctica totalidad de los profesionales que trabajan con la Administración de Justicia en España. Y esto se ha hecho, cuando los Juzgados no estaban preparados para recibir los escritos por esta vía. Esto ha dado lugar a un sinfín de sistemas de presentación y de funcionamiento, pues cada decanato de juzgados se ha visto compelido a tener que dictar su propio sistema transitorio de funcionamiento, que en la mayoría de los casos ha consistido en obligar a presentar por la vía digital y ordinaria –en papel–, aun cuando las notificaciones se siguen recibiendo mayoritariamente en papel. De hecho, los juzgados las imprimen y se sigue trabajando con papel, pues no existe expediente electrónico. Lexnet tiene un historial de problemas considerable[xxxiii], pues se trata de una aplicación pensada hace más de 10 años, que se ha impuesto, como algo moderno, cuando que, en realidad, no lo es.

Podemos agrupar los principales problemas que presenta este sistema en dos:

  • Por un lado, problemas de usabilidad y funcionamiento que llevan al colapso y generan falta de seguridad jurídica[xxxiv]. Lexnet es técnicamente un sistema muy pobre. Las capacidades del sistema son insuficientes y su usabilidad compleja, por lo que obliga a invertir mucho tiempo para presentar cualquier escrito, que además debe de hacerse en una forma técnica muy concreta. Los rechazos de los escritos por el sistema –no por el Poder Judicial– son habituales y también los colapsos y paradas. En este sentido, dado que todos los escritos deben presentarse por el sistema, cuando Lexnet está en parada o sin funcionamiento, la tutela judicial efectiva en el Estado está parada o suspendida. El nuevo sistema, en realidad es un parche para conectar los diversos sistemas informáticos que funcionan en España y que depende, en su mayoría, de las propias Comunidades Autónomas. Su puesta en marcha de forma obligatoria y apresurada en unos juzgados que no están preparados, ni técnica ni formativamente, ha colapsado los mismos y ha propiciado una enorme inseguridad jurídica en todos los operadores. Además, esta medida no servirá para agilizar la Justicia, pues el problema no está en las comunicaciones, sino en dar salida a las peticiones que se instan en las mismas.
  • Por otro lado, ocasiona problemas de seguridad y recorte de funciones del Poder Judicial, lo que atenta flagrantemente contra la Independencia Judicial[xxxv]. Dado que LexNet es un sistema informático que tiene acceso a todas las notificaciones que se producen en la práctica totalidad de los expedientes judiciales de España, su control debería haberse atribuido a quién hasta el momento controlaba los registros judiciales; el Poder Judicial. Ahora bien, esto no es así, pues Lexnet depende del Ministerio de Justicia, lo que supone que, al menos teóricamente, el Gobierno tiene la posibilidad de acceder a cualquier documento judicial, y el propio sistema facilita datos que permiten el control total sobre qué está trabajando un determinado juez. Tampoco se puede descartar que terceros puedan acceder al Sistema por las conocidas como “puertas traseras” que voluntaria o involuntariamente podrían existir. Lexnet no está escrito en software libre y este código no está a disposición de la ciudadanía para auditarlo públicamente[xxxvi], lo que es comparable a que hubiese leyes en vigor a las que la ciudadanía no pudiera acceder, algo totalmente contrario al principio de legalidad que rige en un Estado de Derecho. Ni siquiera está a disposición del Poder Judicial, que no tiene su control, sino que está bajo el control del Poder Ejecutivo, lo que atenta contra la Independencia Judicial. Resulta, por tanto, inadmisible la aprobación de una medida que habilita al Gobierno a acceder a cualquier documento judicial. Porque eso es lo que en la práctica y por virtud de la técnica informática, y no de la Ley, lo que ha supuesto Lexnet.

Lexnet pone, por lo tanto, en peligro cuatro principios de derecho de orden fundamental al atentar contra la separación de poderes, la independencia del poder judicial, la independencia de la abogacía y la privacidad de los usuarios de la administración de justicia. Lexnet, y su control por el Poder Ejecutivo en vez de por el Poder Judicial constituye un ataque a la Independencia Judicial sin precedentes. Actualmente, se ha presentado, por el profesor, abogado y activista, Javier de la Cueva, una denuncia formal ante la Comisión Europea contra el Reino de España, en la que explica como LexNet atenta contra el derecho comunitario[xxxvii].

Por todo, y en definitiva, el plan para el control y sometimiento de la Justicia por el Poder Ejecutivo se ha implementado y ello tampoco parece ser casual, sino que constituye un medio para lograr la impunidad en la generalizada corrupción que ha aflorado en los últimos años: (i) control y sometimiento del Poder Judicial a través de la injerencia y dominio en el CGPJ, con todo lo que ello implica de injerencia directa en los jueces; (ii) colapso de los Juzgados por falta de medios económicos, lo que viene a constituir una injerencia por desbordamiento en las posibilidades de funcionamiento con libertad de la plantilla de jueces; (iii) introducción de un plazo límite para instruir los procedimientos penales, lo que obliga a los jueces a despachar las investigaciones con ligereza para evitar la prescripción de delitos y con riesgo de impunidad final en sentencia por una falta de prueba; y finalmente, (iv) la introducción de Lexnet que genera inseguridad jurídica, ahonda en el colapso de los Juzgados, recorta competencias judiciales, permite un control sobre la judicatura por medio de los datos que reporta el propio sistema y posibilita el acceso del ejecutivo o de terceros a todos los documentos del Sistema Judicial.

Todo conforma un plan orquestado que atenta contra la independencia judicial. Por eso le pedimos respetuosamente que, en el ejercicio de su mandato, se dirija al Gobierno español a fin de que se deroguen las reformas antes mencionadas que tanto afectan a la independencia judicial y tome medidas para que se doten de recursos suficientes a los jueces y tribunales españoles así como para asegurar que no se producen mermas o intromisiones del ejecutivo en la independencia judicial, recordándole cuáles son sus obligaciones vinculantes de conformidad con el Derecho Internacional y los Derechos Humanos.

Quedando a su disposición para cualquier aclaración o ampliación de información, le solicitamos en su condición de Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de los magistrados y abogados que realice una visita oficial a España para analizar directamente las dificultades que está atravesando la Justicia independiente en nuestro país, habida cuenta de la extrema gravedad que ha alcanzado la situación y de conformidad a como, con nuestra mejor intención, le hemos expuesto.

Reciba un afectuoso saludo,

Brigada Tuitera

 

[i]http://rightsinternationalspain.org/

[ii] La independencia judicial en España es una de las peor percibidas de la Unión Europea. http://www.20minutos.es/noticia/2719055/0/independencia-judicial-espana/sexta-posicion-union-europea/

[iii]http://rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/6f106f3f451486c6406160785ed21453259ea57f.pdf

[iv]http://rightsinternationalspain.org/uploads/publicacion/dacb1bc7ddb87e6dfa79f5436fa2a67f7903f642.pdf

[v]https://labrigadatuitera.wordpress.com/  y  https://es.wikipedia.org/wiki/La_Brigada_Tuitera

[vi] Esta carta, ha sido redactada por activistas voluntarios de La Brigada, empleando formas de redacción colaborativas. De forma muy especial, por los integrantes de Sintoga (@derechosintoga), con la coordinación y colaboración del abogado Ángel López (@Alopez_Letrado).

[vii]https://labrigadatuitera.wordpress.com/manifiesto/

[viii]La Brigada Tuitera es responsable, junto con otros colectivos, de la eliminación de las tasas judiciales para las personas físicas. Asimismo, el colectivo #T es promotor de que hasta nueve Parlamentos Autonómicos hayan instado al Gobierno de España a eliminar las tasas judiciales a pequeñas, medinas empresas y asociaciones sin ánimo de lucro; es responsable de cuatro Proposiciones de Ley en el Congreso presentadas por los principales grupos políticos de la oposición con idéntica finalidad (para más información, ver https://labrigadatuitera.wordpress.com/2016/03/11/psoe-segundo-grupo-que-presenta-en-el-congreso-proposicion-de-ley-para-derogar-las-tasas-a-pymes-y-ongs/); e igualmente, impulsó que, el pasado el 19 de abril de este año, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobara por unanimidad la toma en consideración de la derogación de dichas tasas judiciales (para más información ver http://www.congreso.es/public_oficiales/L11/CONG/BOCG/B/BOCG-11-B-19-2.PDF y

[ix]https://labrigadatuitera.wordpress.com/2016/03/11/psoe-segundo-grupo-que-presenta-en-el-congreso-proposicion-de-ley-para-derogar-las-tasas-a-pymes-y-ongs/

[x] http://www.congreso.es/public_oficiales/L11/CONG/BOCG/B/BOCG-11-B-19-2.PDF

https://labrigadatuitera.wordpress.com/2016/04/23/resumen-del-19a-aprobada-por-unanimidad-la-toma-en-consideracion-de-la-derogacion-de-las-tasas-judiciales-a-pymes-y-ongs/

[xi]http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu11&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-11-B-19-1.CODI.%29#(Página1)

[xii] La actividad del Movimiento se ha desarrollado también en instancias europeas, de hecho, ha sido mencionado a nivel europeo a raíz de una pregunta formulada por el europarlamentario Javier López Fernández (PSC) donde se hacía referencia a; en primer lugar, si existía algún estudio comparativo del impacto en el acceso a la Justicia por parte de los ciudadanos españoles, antes y después del aumento desproporcionado de las tasas judiciales y, en segundo lugar; si se consideraba necesario efectuar algún tipo de recomendación por parte de la Comisión Europea al Estado Español con el objeto de garantizar que aquellos ciudadanos, empresas e instituciones con menores posibilidades o recursos no vieran limitado su derecho de acceso a la justicia por el pago de las tasas judiciales.

http://iusforum.org/es/index.php/noticias/139-avance-europeo-en-la-lucha-contra-las-tasas-judiciales

Pregunta a la Comisión. http://iusforum.org/es/files/Noticias/EuroPreguntaJLopez_Tasas.pdf

Respuesta de la Sra. Jourová en nombre de la Comisión (4.12.2014).

http://iusforum.org/es/files/Noticias/EuroRespuestaJOUROVA_Tasas.pdf

[xiii] https://labrigadatuitera.wordpress.com/2016/05/13/jornadalexnet-en-la-real-academia-de-jurisprudencia-y-legislacion/

[xiv] La ley está disponible en http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-7061

[xv]Recientemente en un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente,aseguran que la separación de poderes constituye la esencia del Estado de Derecho, y sólo puede hablarse verdaderamente de su existencia, con instituciones que garanticen que esa división sea efectiva-. Las cuatro asociaciones de jueces consideran que es imprescindible dotar al Poder Judicial de la máxima independencia en el ejercicio de su función y, para ello, exigen a los políticos que los 12 miembros del CGPJ, pertenecientes a la carrera judicial, sean elegidos por quienes ejercen funciones jurisdiccionales.

[xvi]  Ver nota del Consejo General de la Abogacía Española (2013)

http://www.abogacia.es/2013/10/22/el-presupuesto-de-justicia-para-2014-255-millones-el-resto espara-personal/  y comunicado de prensa del Ministerio de Justicia (2014)

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292421472917?blobheader=application%2Fpdf&blobheade%20name1=ContentDisposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D%27Nota_de_Prensa_Presupuestos_2014.pdf%27

[xvii] El informe de la Comisión para la Eficiencia de la Justicia delConsejo de Europa, con datos del año 2012, refleja que, si la media de lo           que se destina de los presupuestos generales en Europa al sistema judicial es el 2,2%, en España se destina tan sólo el 0,9% del presupuesto (de 45 Estados, España se sitúa en el puesto 40º). Por otro lado, sedestina por habitante al sistema de justicia (tribunales, justicia gratuita y fiscalía) la mitad que la media europea (32,4 euros frente a 60,6). El gasto en fiscalía por habitante es de tan sólo 4,6 euros frente a la media    europea de 11,4 euros). En materia de justicia gratuita, en España se destinan 0,80 euros por habitante, frente a los 8,63 euros que se destinan de media en Europa.http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf

[xviii]http://www.elmundo.es/andalucia/2014/10/08/5434f554ca4741ca258b456d.html

[xix]El informe GRECO relaciona falta de independencia judicial con corrupción y la investigación de delitos con los medios de que dispone la Justicia. Podemos poner varios casos como ejemplo donde se ha cumplido esta relación (Caso Pokemon, Caso ERE…).Es la propia Administración la que proporciona medios personales o materiales, o no los proporciona, o los proporciona tarde, o insuficientemente, incluso en casos de corrupción que afecta a personas relacionadas con esas administraciones.Además del Informe Greco nos encontramos con otro informe,el Informe 2015 de la Unión Europea sobre independencia judicial, en el que ponen de manifiesto la grave situación judicial en España. Para elaborar este informe el Gobierno español no ha mandado datos actualizados a la Unión Europea. Los datos de número de jueces faltan desde que despidieron a los jueces sustitutos, 1.500 jueces eventuales que se hacían cargo para suplencias y casos análogos y, por otro lado, los datos de inversión en Justicia.

Ver, por ejemplo “Los juecesdecanos de toda España piden refuerzos para investigar los casos de corrupción” en RTVE.es http://www.rtve.es/noticias/20130206/jueces-decanos-toda-espana-pidenrefuerzos-para-investigar-casos-corrupcion/606835.shtml;“Torres-Dulce pide ´refuerzos´ ante los casos de corrupción” http://www.lne.es/espana/2013/02/13/torres-dulce-pide-refuerzos-casoscorrupcion/1368169.html

[xx]Ver “Aún hay jueces en Berlín” de Verónica Del Carpio donde se relaciona la falta de medios en justicia (incluyendo imágenes) con la independencia judicial, disponible en:

https://elotroblogdeveronicadelcarpio.wordpress.com/2015/03/20/berlin/

[xxi]En este caso, el 22 de julio de 2015, la mayoría del Pleno del CGPJ decidió no renovar como Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo al Magistrado José Manuel SieiraMíguez, quien hasta esa fecha, y durante los últimos cinco años, había sido Presidente de esa Sala,aún cuando a lo largo de toda la historia del Tribunal Supremo de España, todos los Presidentes de sus Salas han sido renovados cuando han aspirado a un segundo mandato. A pesar de llevar veintidós años en el Tribunal Supremo con una gestión unánimemente resaltada, ha sido sustituido por otro Magistrado con sólo siete años de permanencia en el Tribunal Supremo. Tampoco se han valorado otros datos objetivos, como el de mayor tiempo como integrante de la carrera judicial de José Manuel Sieira; ni su mayor experiencia en tareas gubernativas. Por ello, al no haber explicado el Consejo General del Poder Judicial una motivación suficiente sobre la preferencia del candidato elegido, se desconocen razones basadas en el interés general que justifiquen el nombramiento del nuevo presidente.El propio Magistrado Sr. SieiraMiguez alertó sobre posibles presiones a los Vocales del CGPJ para que no votaran su renovación. Los medios de comunicación se hicieron eco de tales manifestaciones del Magistrado Sieira y de la intervención de miembros del Gobierno para mover el sentido del voto de algunos de los Vocales. Entre los posibles motivos, se encuentra la avocación a Pleno de un recurso contra un acto del Gobierno concediendo un indulto, que resultó finalmente anulado por el Pleno de la Sala y donde la actuación del Magistrado fue decisiva.

[xxii]Ver, La asociación de jueces FJI clama contra la falta de independencia en un CGPJ lleno de “usurpaciones y guerras partidarias”. http://www.libertaddigital.com/espana/2016-03-28/la-politizacion-convierte-la-justicia-en-un-juego-de-tronos-1276570687/

[xxiii]Ver “CIRCULAR 5/2015, SOBRE LOS PLAZOS MÁXIMOS DE LA FASE DEINSTRUCCIÓN.” http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2015/11/Circular-5-plazos-maximos-de-instruccion.pdf

[xxiv]Ver” La Fiscalía pedirá el archivo del 16% de las causas penales abiertas en España” http://www.abc.es/espana/abci-fiscalia-pedira-archivo-16-por-ciento-causas-penales-abiertas-espana-201604091936_noticia.html

[xxv]Comunicado del Consejo Fiscal, disponible en: http://www.upfiscales.com/2016/05/comunicado-del-consejo-fiscal-los-plazos-instruccion/ ; asimismo ver, “Los fiscales certifican el fracaso del plan del Gobierno para acortar los plazos de la instrucción judicial”, en http://www.eldiario.es/politica/Fiscales-Ministerio_de_Justicia-Ley_de_Enjuiciamiento-Rafael_Catala_0_517248806.html?utm_content=bufferd453e&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

[xxvi] Todos los jueces y fiscales, contra el sistema de plazos de las investigaciones. http://www.elmundo.es/espana/2015/10/15/561fd603e2704ecb4c8b4616.html
Asociaciones de jueces, fiscales y letrados piden derogar la ley de tasas judiciales.http://www.publico.es/sociedad/asociaciones-jueces-fiscales-y-letrados.html

[xxvii] Ver “Correctivo del Tribunal Supremo a Lesmes por los nombramientos de cargos judiciales”. http://www.elespanol.com/espana/20160404/114738837_0.html

[xxviii] Va a presentarse como nº 2 por Madrid, en la lista del PSOE, al Congreso de los Diputados.

[xxix] Ver Margarita Robles: «Lesmes ejerce su función con un marcado carácter totalitario» http://www.larazon.es/espana/margarita-robles-lesmes-ejerce-su-funcion-con-un-marcado-caracter-totalitario-KB12206783#.Ttt1bAKaGLnsraY

[xxx] Puede accederse al Informe completo en este enlace: http://confilegal.com/wp-content/uploads/2016/05/SGInf20163rev-Challenges-for-judicial-independence-and-impartiality.pdf

[xxxi]Debe recordarse que, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, adoptó el 17 de noviembre de 2010 la Recomendación CM/Rec (2010) 12, “Sobre jueces: independencia, eficacia y responsabilidad”, en la que aconsejaba que «al menos la mitad de los miembros de estos consejos [del poder judicial, de la  judicatura o de la magistratura, según fuera la definición elegida en cada país] deberían ser jueces elegidos por sus pares, con pleno respeto al pluralismo en el seno del sistema judicial». Todas estas reformas legales operan en el sentido diametralmente opuesto.

[xxxii]Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-12999

[xxxiii]Unos 2.000 letrados crean un grupo en Facebook sobre los problemas con la plataforma para notificaciones a los juzgados http://www.lavanguardia.com/vida/20160326/40679685516/problemas-lexnet-plataforma-notificaciones-judiciales.html

[xxxiv] Dura crítica de la fiscal del Estado a un plan estrella del Gobierno http://politica.elpais.com/politica/2016/03/05/actualidad/1457200701_524559.html

[xxxv]LexNet: siete pecados capitales. https://blog.josemuelas.org/2016/01/09/lexnet-siete-pecados-capitales/

[xxxvi] ¿Es la base tecnológica de Lexnet inconstitucional? http://www.baquia.com/tecnologia/base-tecnologica-lexnet-inconstitucional

[xxxvii]https://labrigadatuitera.wordpress.com/2016/05/14/denuncia-contra-el-reino-de-espana-por-el-sistema-lexnet-de-javier-de-la-cueva/ y http://derecho-internet.org/denuncia-lexnet y enlace directo a la denuncia: http://derecho-internet.org/files/2016-05-13_denuncia-y-anexos.zip

 

 

 

 

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