¿QUÉ HA PASADO CON LA JUSTICIA EN LA ÚLTIMA LEGISLATURA?

En materia de Justicia se han realizado muchas acciones políticas y reformas legales en esta legislatura, pero el fin de este comentario no es otro que exponer de una forma sencilla las principales, de modo que puedan ser entendidas por cualquier persona, incluso si carece de conocimientos jurídicos.

Por otro lado, esas otras acciones, siempre han tenido el sesgo de buscar y favorecer los objetivos pretendidos en las que se describen a continuación.

Veamos, en 5 pasos, cómo se destroza la ya de por si maltrecha justicia en una legislatura:

PASO 1 – SOMETIMIENTO Y CONTROL JUDICIAL PARA ELIMINAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. Haciendo absolutamente lo contrario de lo prometido en campaña electoral la primera medida en Justicia fue variar la fórmula de elección de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial de modo que todos sus miembros fueran elegidos directamente por el  Congreso de los Diputados.

Con esta variación en la forma de elección, en un Gobierno que cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, evidentemente, se consigue también la mayoría en el Órgano de Gobierno de los Jueces, el cual decide, entre otras cosas, en materia de ascensos, destinos y sanciones de los jueces.

A lo largo de la legislatura se han ido tomando medidas para que la Presidencia de ese órgano de gobierno de los jueces tenga más peso, de modo que, al final, los que mandan sobre los jueces, sean, fundamentalmente, la sección mayoritaria elegida por el partido del Gobierno, esto es, el Presidente del Consejo y los Vocales de corte más conservador.

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PASO 2 – ELIMINACIÓN DE LOS JUECES Y FISCALES SUSTITUTOS, Y AUSENCIA DE CREACIÓN DE UN SOLO JUZGADO NUEVO. MISMO PRESUPUESTO EN JUSTICIA.

La siguiente medida consistió en eliminar 1500 jueces sustitutos y otros 500 fiscales de los Juzgados. Se quedaron algunos, pero la inmensa mayoría fueron mandados a sus casas. Esto supone una reducción aproximada del 20% de la plantilla de jueces, que dictaban un 30% de las sentencias judiciales. El trabajo de estos jueces se ha repartido entre la plantilla ordinaria, aumentando la saturación de los juzgados.

Las convocatorias de nuevas plazas que se han realizado únicamente han servido para cubrir las plazas de personal vacante. Nos encontramos ante el único Gobierno que en una legislatura no ha creado un solo nuevo juzgado. El personal que trabaja en los juzgados tampoco ha aumentado, por lo que seguimos teniendo los mismos funcionarios que hace 4 años, en realidad, probamente menos, dado que en muchas Comunidades Autónomas las bajas no se reponen con personal eventual.

El presupuesto en Justicia sigue siendo el mismo. Principalmente consiste en pagar los costes de funcionamiento elementales y las nóminas de personal, no hay inversión, ni renovación. En definitiva, no hay mejoras, al contrario, las instalaciones y equipamientos se deterioran y quedan obsoletos, basta ver el hashtag #JuzgadosAlBordeDelColapso para verificarlo.

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PASO 3 – INTRODUCCIÓN DE LAS TASAS JUDICIALES O PAGO A REALIZAR SI QUIERES DEMANDAR O RECURRIR.

Como se puede ver en el paso anterior la política del Gobierno pasaba por reducir el personal y gasto en Justicia. Si a una Justicia ya colapsada, le quitas medios humanos y no incorporas medios técnicos, solo hay una forma de que no se colapse más, y es limitando los asuntos que pasan a ser tramitados, y si además, con ello, haces caja, mejor que mejor. Así que se introducen las Tasas Judiciales.

El objetivo de las Tasas Judiciales es precisamente ese, limitar el número de asuntos que entran en los juzgados, así como las instancias en que los mismos son revisados, de ahí que se introduce un pago obligatorio para poner una demanda o para formular un recurso.

Las primeras Tasas que se proyectaron por Gallardón suponían una autentica barbaridad por lo que motivaron fuertes quejas. Eran de igual importe para todos, pagaban lo mismo las grandes empresas que las medianas o pequeñas y los particulares, todos lo mismo, con independencia de su nivel económico o adquisitivo. Es fácilmente imaginable que lo que para una gran empresa no era gran cosa para un particular era inasumible o un gran problema.

Tras las casi unánimes protestas se limitaron y se hicieron reducciones para las personas físicas. Aun así, las cuantías siguieron siendo muy elevadas, por lo que miles de personas, durante años, no han podido acceder a la Justicia y en otros muchos casos, su importe, hacia que no compensara.

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La presión de muchos colectivos, incluyendo el de La Brigada Tuitera, logró que se eliminaran para las personas físicas, pero siguen hoy en día vigentes e impidiendo el acceso a la Justicia a PYMES y ONGs.

Como dato escalofriante, los recursos de inconstitucionalidad formulados contra las Tasas Judiciales todavía no se han resuelto por el Tribunal Constitucional, así que durante años, han estado en vigor –situación que permanece– Leyes inconstitucionales que limitan el acceso a la Justicia. No es de extrañar, esta falta de resolución o de respuestas del Tribunal Constitucional, acuérdense del Paso 1.

Advertirán ustedes que el Gobierno ha hecho unas reducciones de personal y medios en la Justicia que pensaba compensar con una menor entrada de asuntos en los Juzgados. Esta se ha producido, por efecto de las     Tasas Judiciales, pero no en la medida prevista inicialmente con aquellas tasas descomunales proyectadas por Gallardón. El resultado, el colapso judicial y el desbordamiento de los Juzgados, que en algunos casos señalan juicios a 4 años vista. 

PASO 4 – INTENTO DE REDUCIR LA CARGA DE LOS JUZGADOS DE LO PENAL Y AL TIEMPO GENERAR IMPUNIDAD PARA LA CORRUPCIÓN.

En el último año de la legislatura, ya con la entrada del nuevo Ministro, la situación es la siguiente: por un lado, como ya hemos visto, las Tasas Judiciales no han logrado parar, en la medida prevista, la entrada de asuntos a los juzgados; por otro lado, los escándalos de corrupción se han generalizado y están instruyéndose en los juzgados de la jurisdicción penal; en estos Juzgados no se ha actuado sobre la entrada de asuntos, dado que sería ya el colmo cobrar a un ciudadano víctima de un delito una tasa por reclamar Justicia.

El Gobierno tiene que reducir la carga de trabajo que hay en los Juzgados penales así que, como no puede actuar sobre la entrada de asuntos, lo hace sobre el tiempo que se trabaja en los mismos. Esto es evidente que beneficia al imputado (ahora, investigado) por el delito, a menos tiempo de instrucción e investigación de los hechos delictivos más posibilidades hay de salir absuelto en el posterior juicio. ¿Le preocupa esto a nuestro Gobierno? En absoluto, le viene muy bien cuando hay miles de imputados por corrupción política en los juzgados.

Por lo tanto, por obra del Boletín Oficial del Estado, esto es, de reformar la Ley, el Gobierno limita el plazo que existe para instruir todos los asuntos penales a 6 meses, prorrogables a 18 meses en causas complejas. ¿Habrá introducido para ello más medios personales y técnicos en los Juzgados? Pues, aunque parezca increíble, no. ¿Pero entonces, cómo se va a hacer en menos tiempo lo que antes se hacía en más? Pues simplemente, haciéndolo peor o no haciéndolo, esto es, pasando los autos a juicio con menos trabajo de investigación previo, lo que aumenta las posibilidades del presunto criminal en quedar absuelto por falta de prueba, o archivando asuntos, bien porque prescribirán en las estanterías de los juzgados al no poderse instruir en el plazo fijado por la Ley, bien porque, los juzgados, ante la carga de trabajo que soportan, no los investiguen y los pasen a archivo.

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Si piensan que esto es una exageración, basta que miren en internet y verán que es prácticamente unánime en las asociaciones jueces y de fiscales la denuncia de que esta reforma es una Ley de Punto final a la Corrupción y que va a generar impunidad en muchos casos.

PASO 5 – EL REMATE AL COLAPSO JUDICIAL, LA INSEGURIDAD JURÍDICA Y EL APOYO PERFECTO AL PLAN DE IMPUNIDAD DE LA CORRUPCIÓN: LEXNET. 

Terminando ya la legislatura, el Ministro ya veía que las encuestas no eran muy favorables y que su gestión al frente del Ministerio de Justicia había sido nefasta. Algo había que hacer para vender lo contrario al electorado: La solución se llama, LexNet.

Sin prácticamente revisión, y de forma improvisada, sin coordinación con las Comunidades Autónomas y contra viento y marea y todo tipo de advertencias de los operadores jurídicos de que sería un fiasco, el Ministerio de Justicia impone la presentación obligatoria de escritos y la recepción de comunicaciones por vía temática a través de un sistema creado hace más de una década. ¿Pero algo así requiere de una buena inversión para su desarrollo e implementación? Pues parece obvio, pero eso al Ministro le da igual, recuerden que la decisión se toma porque hay elecciones.

Lexnet, al contrario de lo que vende el Ministro es un desastre. No es seguro, las caídas del sistema y sus problemas de acceso son habituales y los fallos constantes. Esta falta de seguridad, produce, que la información judicial, pueda ser accesible para terceros, o al menos hay graves sospechas de que esto pudiera ser posible; no es cierto que funcione las 24 horas pues las caídas, parones y problemas de acceso son lo habitual; no está suponiendo un ahorro de papel dado que actualmente al no existir expediente electrónico ni estar los juzgados preparados, todo lo que llega a los juzgados debe ser impreso; no produce la inmediatez de las comunicaciones por la sencilla razón de que la inmensa mayoría de los juzgados no tienen actualmente acceso a Lexnet.

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Lexnet está controlado por el Ministerio de Justicia  (poder ejecutivo) en vez de por los Juzgados (el Poder Judicial) lo que afecta gravemente a la separación de poderes y ha supuesto una apropiación de competencias que hasta la fecha siempre habían sido de los juzgados. Dejando al margen del debate sobre su posible inconstitucionalidad, lo cierto es que repugna al sentido común que sea el Ministerio quién decida si un escrito está correctamente presentado, en qué momento se ha hecho la presentación, así como que pueda tener acceso y tenga conocimiento de datos y escritos judiciales.

Constituye un lastre para los profesionales de la justicia (abogados y procuradores) a los que obliga a perder mucho más tiempo para la presentación de escritos que antes, y a los que se ha convertido en clasificadores y archiveros de los documentos judiciales, y dada la falta de funcionamiento, las continuas caídas del sistema y la implantación desigual en los juzgados, existe una grave inseguridad jurídica, encontrándonos que prácticamente cada partido judicial cuenta con sus propias normas de admisión de escritos, lo que ocasiona un caos inadmisible cuando hablamos de los derechos de los justiciables. Los rechazos, que realiza el sistema, por no haber clasificado correctamente el documento, o por los motivos más inverosímiles, impiden y dificultan el acceso a la Justicia, y están generando una gran inseguridad jurídica.

Prácticamente todos los actores del sector jurídico han solicitado una moratoria en la obligatoriedad del uso del Lexnet. Jueces, Fiscales, Secretarios Judiciales, Colegios de Abogados, Abogados, Asociaciones de Abogados, Procuradores, Sindicatos (puede pinchar en cada uno de los enlaces para verlo) todos han solicitado una moratoria en su uso obligatorio, hasta que se pueda garantizar un funcionamiento correcto habiéndose recogido a la fecha YA CASI 20.000 FIRMAS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA CHANGE y en donde puede sumarse con su firma, lo que solo le llevara unos segundos.

Basta poner en relación lo expuesto en el paso 4, con lo explicado en este sobre el colapso y caos que está suponiendo Lexnet, para advertir que si se ha limitado el tiempo de las instrucciones penales y si además tenemos a los Juzgados colapsados, más complicado todavía les va a resultar investigar e instruir en plazo y en condiciones, los miles de casos de corrupción, de ahí, que LexNet, constituye el cierre de un plan #PPerfecto en materia de corrupción.

No hay que olvidar, también han cambiado el termino imputado por el de investigado, muestra evidente de qué es lo que le preocupa al Gobierno en materia de Justicia y para quién y qué está legislado.

KDKFFF

CONCLUSIÓN TRAS 4 AÑOS DE LEGISLATURA:

Tenemos una Justicia más inaccesible, más insegura, más politizada, con menos medios personales y humanos, más colapsada que nunca, y con un futuro incierto y muy preocupante, anclada en estructuras y formas de tiempos muy pasados, bloqueada, lenta e ineficaz, sin inversión y medios, que cada vez presta peor servicio a los ciudadanos, incapaz de cumplir su papel de control del poder ejecutivo y de garantizar los derechos de la ciudadanía.

Queda, por lo tanto, mucho trabajo por delan #T.

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8 comentarios en “¿QUÉ HA PASADO CON LA JUSTICIA EN LA ÚLTIMA LEGISLATURA?

  1. Debemos de seguir, sin perder ojo a lo, que avanzó en la última legislatura, que fue muy poco lamentablemente, el último ejemplo hoy, la loca que se desnudo en una capilla en la universidad, ahora se hace la buena, pero yo he visto videos de esta , señora y es Radical total un abrazo twitteros, celestino vega burgo @burgovega

  2. Es lamentable la situación de la ¿Justicia?, no estoy diciendo nada nuevo, a todo esto hay que sumar una parte de los operadores jurídicos, también perjudicada por esta situación, que somos los abogad@s. Así como se ha mandado a casa a fiscales y jueces sustitutos, los abogados tenemos que estar pluriempleados para poder “vivir” y pagar nuestras cuentas, much@s, al ser autónomos y no cotizar desempleo, sin derecho a prestación ni subsidio. Los clientes quieren (necesitan) seguridad jurídica, plazos razonables y costes acordes a esas dos peticiones, y el que termina pagando los platos rotos, somos los abogados, no podemos asegurar nada de nada, lo que hace que el cliente desista de interponer denuncia, querella o demanda, o bien dada la dilación de los procedimientos en el tiempo, pagar en función de esa dilación. Como con la crisis económica en general, (no es un reproche, solo es una realidad) los grandes beneficiados, como las grandes empresas, han sido los grandes despachos, que pueden soportar esa presión. Yo me resisto a entrar en debates sobre pequeñeces o comportamientos inmundos de tal o cual polític@, me da igual, lo que me importa es que la Justicia funcione, que esos/esas devuelvan el dinero robado, y que los que están ocupando escaños, hagan su trabajo en beneficio de “toda” la sociedad.

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