Informe: Reforma LECRIM.

INFORME ELABORADO PARA LA #BRIGADATUITERA, MOVIMIENTO #T, por SUSANA GISBERT GRIFO, Fiscal.

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REFORMA DE LA LECRIM: VALORACIÓN NEGATIVA EN SU CONJUNTO; PRINCIPALES PROBLEMAS.

1º) Con carácter general.

El Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no hace sino parchear por enésima vez un sistema que ya no admite remiendos porque hace mucho tiempo han reventado sus costuras.

Con la excusa de la agilización y de la necesaria revisión de la regulación para adaptarla al estado de los medios tecnológicos, aprovecha para introducir una serie de medidas que ponen en serio peligro el estado de Derecho e incluso el principio de separación de poderes.

Se habla de una presunta agilización de la justicia olvidando que la mejor manera de agilizar la instrucción sería dotar a quienes trabajamos en ella de medios personales y materiales suficientes, dignos y proporcionados con la magnitud de los delitos que se persiguen.

Si bien todos apostamos, como no podía ser de otro modo, por una agilización de los procedimientos, ésta no puede lograrse limitando sin más el plazo en que debe terminar la instrucción ni fijando plazos máximos, sino estableciendo los mecanismos y medios materiales y personales para lograr la rapidez y eficacia deseada.

La limitación del plazo de instrucción a seis meses (prorrogables en determinados casos) ignora la realidad de la instrucción y los recursos materiales y personales de los que actualmente se dispone en los juzgados de instrucción.

De otro lado, hablar de caducidad de la acción penal resulta contradictorio con la solicitud que desde diversos ámbitos del mundo de la justicia se hace pidiendo ampliación de los plazos de prescripción. Dicha medida puede ser contraproducente en la lucha contra la corrupción y facilitaría la impunidad de los delitos complejos.

Igualmente, la introducción del término “sujeto pasivo” es ajena a la jurisdicción penal –propia del derecho tributario- y no hace sino introducir un término asistemático con el resto de la regulación y desprovisto de la nota de reproche que es consustancial a la condición de encausado en un procedimiento penal, que no responde a necesidad alguna que no quede suficientemente cubierta con la presunción de inocencia consagrada en nuestro derecho.

Por otro lado, se introduce un procedimiento totalmente nuevo, el de la finalización por Decreto del Fiscal, que también aparece como asistemático y no hace sino complicar ya el ya de por sí complejo esquema de los procesos penales. Además, dicha previsión es de enorme dificultad en la práctica si no va acompañada de una previsión de medios personales y materiales al respecto.

Por último, no parece acertada la posibilidad de dejar exclusivamente en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad la finalización de determinados procedimientos, antes incluso de su nacimiento, sin que con ello se ponga en riesgo el principio de separación de poderes.

2º) El cambio de terminología: de “imputado” a “sujeto pasivo”

La introducción del término “sujeto pasivo”, además de los dicho más arriba en cuanto a que resulta poco afortunado e innecesario, es totalmente asistemático con nuestro actual marco procesal penal, que sigue manteniendo el concepto de “procesado” para los delitos en los que es procedente la incoación de sumario ordinario, y la de “imputado” o “acusado” (junto con otras expresiones) en procedimiento abreviado, e incluso la de “denunciado” para otros supuestos, como el juicio de faltas.

Efectivamente, su introducción, es meramente estética y de dudosos fines.

Así, el nuevo artículo 118.1 (según art. 1.2 del Anteproyecto) establece:
“Son sujetos pasivos del proceso penal toda las personas físicas y jurídicas, masas patrimoniales, patrimonios separados, entidades o grupos a los que pueden ser impuestas penas, medidas de seguridad o consecuencias accesorias de ola pena conforme a la ley y a los que indiciariamente sea atribuida la comisión de un hecho punible”, frente la sencilla referencia que la anterior redacción hacía a “Toda persona a quien se impute un acto punible”, a raíz de la cual había cobrado carta de naturaleza en nuestro derecho la denominación “imputado”.

Este cambio no responde sino a un propósito de maquillaje, habida cuenta de lo perjudicial y molesto que venía siendo para determinados sujetos la citación como imputado, particularmente en casos de corrupción.

Además, podría incluso encubrir una finalidad ajena a la meramente jurídica, ya que la imputación viene fijando el límite de esa difusa línea roja tan traída y llevada por la clase política para tomar determinadas decisiones.

Por otro lado, y desde un punto de vista puramente técnico, el término es asistemático y puede inducir a confusión. La denominación “sujeto pasivo” es por completo ajena a nuestra tradición jurídica penal, ya que es un concepto propio de otras ramas del Derecho, como el Derecho Tributario, y choca frontalmente con la terminología empleada en el resto del sistema procesal español. Pero además, es confusa, por cuanto que desdibuja la diferenciación entre el sujeto pasivo del delito –esto es, quien lo sufre- y el perjudicado por el mismo, que pueden coincidir o no. En estrictos términos gramaticales “sujeto pasivo” es “quien padece la acción del sujeto activo”, lo cual en modo alguno puede aplicarse a la persona que ha sido imputada como posible autora de un hecho punible.

Por todo ello, y dado que sus motivos son ajenos a cualquier mejora del proceso penal, dicha expresión debe rechazarse por extravagante, asistemática y confusa, además de por perseguir fines ajenos a mejora alguna del proceso penal.

3º) En cuanto a la reforma de la conexidad delictiva.

Establece el nuevo artículo 17.2 (en su redacción dada por el art. 1 del Anteproyecto): “Los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa si no resulta inconveniente por razón de la excesiva complejidad o dilación que pueda derivarse de la acumulación”.

Introduce este precepto una excepción a la hasta ahora operatividad ope legis de la conexidad delictiva cuyo propósito puede ser loable pero cuyos requisitos son más que dudosos.

La excesiva complejidad o posible dilación son términos tan amplios y subjetivos que admiten cualquier interpretación, lo cual puede entrañar peligrosas consecuencias a la hora de dilatar o agilizar un procedimiento en virtud de supuestas acumulaciones.

De otra parte, se da una nueva redacción a la llamada conexidad subjetiva, al establecer en el artículo 17.3: “los delitos que no sean conexos pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analogía o relación entre sí, cuando sean competencia del mismo órgano judicial, podrán ser enjuiciados en la misma causa, a petición del Ministerio Fiscal, si la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulta conveniente por razones de economía procesal y no suponga excesiva complejidad ni dilación en el proceso”.

Con este precepto, se añaden a los ya ambiguos términos referidos, uno todavía más amplio, el de la conveniencia, a juicio del Ministerio Fiscal. Con ello, se dejan unas facultades indeterminadas al Ministerio Público, que, pese a no llevar sobre sus hombros el peso de la instrucción, es el único facultado para realizar ese juicio de “conveniencia” con base a la investigación y la prueba. Huelga decir que no es fácil determinar a priori cuál va a ser esa investigación y prueba al principio de una instrucción, con lo cual la norma deviene todavía más confusa.

Por último, nada dice de aquéllos supuestos en que la conexidad delictiva tenía especialidades, como el caso de las causas competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer o aquéllos delitos competencia del tribunal del jurado, que hacían remisión expresa al anterior texto.

4º) En cuanto a la limitación del plazo de instrucción.

Establece el nuevo artículo 324.1 (artículo 1.6 del Anteproyecto) :”Las diligencias de instrucción se practicarán durante el plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas”, con la excepción, fijada en el siguiente número, de los casos en que la investigación sea compleja, en que puede durar hasta 18 meses, y ser prorrogado otro tanto a instancia del Fiscal y con audiencia de las partes.

Mucho se ha dicho acerca del establecimiento de un plazo máximo de instrucción, inexistente hasta ahora en nuestro Derecho.

Huelga decir, como ya se hizo más arriba, que dicho plazo es y será manifiestamente insuficiente mientras no se dote a los órganos de justicia de los medios materiales y personales necesarios, adecuados y dignos para ello.

Por otro lado, adolece la misma de un desconocimiento del sistema procesal español y de su planta judicial. Parece estar configurando un modelo en que hay un miembro del Ministerio Fiscal constituído de continuo en el juzgado, cuando la realidad dista mucho de ello.

No hay que olvidar que el número de jueces es mucho más que el doble del de los fiscales, que no sólo despachan uno o varios juzgados de Instrucción, sino que sirven a los órganos de enjuiciamiento, muchas veces en juicios de gran duración. Ello impide la permanencia en el juzgado, no prevista en absoluto en la actual ley que, a diferencia de lo que ocurre con jueces y secretarios judiciales, no fija la adscripción de los miembros del Ministerio Fiscal a un determinado órgano judicial. Si a ello se suma la distancia física entre muchos juzgados y las fiscalías donde los fiscales tienen su sede, hace ilusorias e imposibles las previsiones de la regulación, que más bien parece haber fijado sus plazos en términos políticos que jurídicos.

Una limitación de este calado no hará sino beneficiar a los autores de delitos complejos y de investigación difícil, como ocurre singularmente en los casos de corrupción.

Igualmente, hay que destacar que el término “complejidad” como criterio para acordar la posible prórroga es demasiado vago y ambiguo y que, por más que concrete muchos supuestos en que se considera así, siempre puede dejar fuera muchos supuestos, que quedan al albur de lo que en cada caso se considere “complejo”, con el evidente riesgo para la seguridad jurídica.

Pero hay otro punto que también puede limitar todavía más la investigación de este tipo de delitos, y no es otro que la previsión del artículo 324.6, en cuya virtud “transcurrido el plazo máximo o sus prórrogas, se dictará el día del vencimiento del plazo o de sus prórrogas auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que proceda conforme al artículo 779, sin que puedan ser acordadas posteriormente las diligencias complementarias previstas por el artículo 780”.

Esta previsión, que parece haber pasado más desapercibida de lo que debiera, priva al Ministerio Fiscal de la posibilidad de pedir diligencias a la vista del resultado de la instrucción, facultad que tenia hasta ahora reconocida, y e virtud de la cual dichas diligencias eran de obligado cumplimiento por el instructor.

La consecuencia puede ser tan peligrosa como que, si de la instrucción resultara necesario la práctica de nuevas diligencias, el Fiscal quedaría privado de la posibilidad de solicitarlas, y se vería constreñido a calificar prescindiendo de la prueba que estime necesario, o a verse obligado a pedir un sobreseimiento por falta de una prueba que podría haberse practicado, lo cual aleja al procedimiento penal de uno de sus principios informadores, el de la búsqueda de a verdad material.

Por último en lo que atañe a este apartado, nada se dice de otros procedimientos, como el regulado por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, en cuyo caso se ignora si habrá de acogerse a tales plazos, lo cual es prácticamente imposible a la vista del modo en que regula la instrucción, o éstos quedan fuera de dicha limitación temporal.

5º) En cuanto a la finalización de los atestados por la policía.

En esta materia, aun con el en principio loable propósito de descargar a jueces y fiscales de un muchas veces irritante trabajo burocrático, se introduce una previsión que llega a hacer tambalearse a uno de los propios pilares del Estado de Derecho: el principio de separación de poderes.

Así, el artículo 284.3 (artículo 1.4 del Anteproyecto) dispone que “cuando no exista autor conocido del delito, la Policía judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la Autoridad Judicial, sin enviárselo, salvo que el Ministerio Fiscal o la Autoridad Judicial soliciten la remisión o si se practica cualquier diligencia después de transcurridas 72 horas desde la apertura del atestado”.

Tal precepto, en relación con los concordantes de la reforma, establece la posibilidad de que la Policía decida en la práctica el archivo de asuntos por falta de autor conocido sin que éstos hayan sido vistos jamás por juez o fiscal alguno.

Es evidente el peligro que entraña tal previsión normativa, que se excede con mucho a la hora de dotar a la policía de unas facultades que en modo alguno pueden ser sustraídas de, o menos, el control judicial o el del Ministerio Fiscal.

6º) En cuanto al proceso por aceptación de Decreto.

La reforma procesal crea en su nº 18 un Titulo III bis de la Ley de Enjuiciamiento que regula una rara especie de procedimiento a caballo entre las conformidades ya existentes y el fracasado proyecto de instrucción del fiscal, para delitos castigados con penas leves y en ningún caso privativas de libertad.

Este procedimiento es confuso, en cuanto a su momento procesal –cabe tanto en diligencias previas como en diligencias de investigación de la fiscalía- y, sobre todo, en cuanto a su incardinación en el actual sistema jurídico procesal.

Así, aunque a primera vista podría merecer una valoración positiva por la finalidad indudable de aligerar la carga de juzgados y tribunales, no resulta demasiado entendible ni práctico existiendo la posibilidad actual de conformidad con la rebaja de un tercio para los juicios rápidos o aquéllos que se transformen en juicio rápido si concurren los requisitos legales y la aceptación del imputado.

De otra parte, también parece desconocer el legislador la actual estructura y funcionamiento del Ministerio Público, a la que se ha hecho referencia anteriormente, atribuyéndole el peso de un nuevo procedimiento sin ninguna dotación material ni personal que lo posibilite.

Por último, y además del carácter totalmente asistemático dentro de nuestro sistema, hay que llamar la atención sobre la específica previsión de que puede tener lugar “aunque no haya sido llamado a declarar el sujeto pasivo”, lo cual tiene dudosa cabida en nuestro sistema constitucional y esencialmente en relación con el derecho de defensa como parte inseperable del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE.

7º) En cuanto al derecho transitorio y la vacatio legis.

No se dice nada claro en el Anteproyecto acerca del derecho transitorio y los procedimientos en curso.

Aunque es una norma procesal, en cuanto afecta a determinados supuestos de naturaleza sustantiva penal, podría aplicarse el principio de la norma penal más favorable y acabar con todas las instrucciones que se estuvieran llevando, con demoledores efectos que a nadie se le escapan.

En cualquier caso, una vacatio legis de dos meses (Disposición Final Sexta del Anteproyecto) parece cortísima para una reforma de este calado, máxime cuando no va acompañada de dotación de medios alguna.

SUSANA GISBERT GRIFO
Fiscal

Nota del editor: este Informe debe completarse con el realizado por Eduardo Vírgala que establece la inconstitucionalidad de las modificaciones referentes a realización de escuchas y similares sin autorización judicial. Disponible en la Web de la Brigada Tuitera. Acceder Informe Vírgala
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