Reunión con Chunta Aragonesista en Zaragoza.

El martes 21 de octubre se celebró una reunión entre representantes del colectivo de abogados contra las tasas judiciales (colectivo #T), el Secretario de organización de Chunta Aragonesista, Choaquin Bernal, y el coordinador del Rolde de Chustizia e Almenistrazions Públicas, Daniel Sánchez, en la que se trataron diversas cuestiones que afectan a la Administración de Justicia.

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La misma tuvo por objeto dar a conocer las actuaciones que el Colectivo  #T está realizando, como colectivo ciudadano, que cuenta con el apoyo de más de 5000 personas en redes sociales. Integrado por abogados, juristas y ciudadanos en general, tiene por objeto comunicar el desmantelamiento de la justicia y las afecciones que a los derechos de los ciudadanos generan las decisiones del actual gobierno en esta materia, a través de acciones de protesta y de comunicación, mediante técnica de enjambre y utilizando la inteligencia colectiva. Las acciones de #T no son exclusivas de las redes sociales.

En cuanto al contenido de la reunión, se trató el tema de las tasas judiciales y la limitación que suponen para el acceso a la justicia de personas físicas, pymes y entidades sin ánimo de lucro así como su incidencia en el ámbito de la casación foral. Se mostró la preocupación por los planteamientos economicistas en materia de justicia gratuita así como por la politización de la justicia, en materias como la jurisprudencia vinculante, la cual consideramos inconstitucional.

La modificación de la LOPJ en materia de planta judicial incide en la realidad geográfica de Aragón, en materias como el Derecho del consumo, puesto que el foro del consumidor es una regla que no puede tener excepciones y que está en beneficio del mismo. La solución que propone el gobierno es en beneficio de las grandes empresas, al descentralizar en la capital de la provincia, con lo que se deja vacía de contenido la regla del fuero del consumidor.

La dotación de medios materiales depende en gran medida de las Comunidades Autónomas, así mismo se mostró la preocupación del colectivo por la nueva regulación del Registro Civil que pueda conllevar una privatización del mismo.
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